En el artículo anterior hemos visto que la presión fiscal que soportan las clases medias está en el rango del 40 al 45%, mientras que la cuña fiscal (IRPF+SS) puede exceder el 50%. Objetivamente esto no es poco como sostiene el gobierno, sino lo contrario.
Muchos trabajadores llegan con dificultad a fin de mes, y por lo tanto no pueden soportar nuevas subidas de impuestos. Lo que necesitan es que se aligere su carga fiscal. El IRPF debería reducirse para las rentas inferiores a 30.000 euros, y manteniendo la progresividad, el tipo máximo no debería superar el 40%. En cuanto al IVA, rentas de menos de dicho importe deberían pagar un tipo máximo del 10%.
Una vez visto esto, vamos a tratar de determinar si es posible gastar menos para así poder bajar los impuestos, aunque esta no sea la única vía. La otra es la de maximizar los ingresos mediante políticas de oferta que ensanchen la base de la economía, que la dinamicen.
La cuestión es, ¿en cuánto podríamos recortar el gasto público corriente, sin reducir los servicios esenciales?.
Hace ya bastantes años, Rosa Díez calculó que se podría reducir el gasto corriente en 40 millardos. Desde entonces el gasto corriente de las administraciones públicas (AAPP) ha crecido de forma espectacular, especialmente bajo el gobierno de P. Sánchez. Por lo tanto, parece probable que no pocos ahorros son factibles.
Tomando como referencia el peso del empleo público respecto de la población ocupada de países comparables como Portugal o Italia (13/14% versus el 17% de España), 15 millardos se podrían ahorrar como mínimo sin merma alguna de los servicios públicos. Los empleos tóxicos, aquellos que son improductivos e innecesarios, deben ser eliminados.
¿Y dónde están esos empleos tóxicos?. Están en los muchos cientos de fundaciones, empresas, entes y organismos públicos que dependen de las AAPP y que despilfarran miles de millones todos los años. Son las llamadas administraciones paralelas del estado, de las CCAA y ayuntamientos. Una parte muy significativa no presta ningún servicio ni produce ningún producto que genere un valor significativo y tangible para la sociedad.
Aquí es donde más ahorros se pueden conseguir, insisto, sin tocar los servicios esenciales. Hay que decirlo alto y claro, esta fuente de gasto que son las administraciones paralelas, no son ni conforman el estado del bienestar y deben ser recortadas.
Pero es también posible hacer más con menos. El propio Banco de España (BdE) considera que es imprescindible identificar todos aquellos capítulos presupuestarios en los que es posible aumentar la eficiencia del gasto.
Tomando como base el presupuesto general del estado consolidado de 2022, vemos que las operaciones corrientes, antes de gastos financieros, suman 350.000 millones. Esta cifra no incluye los presupuestos de las comunidades autónomas, ni los de los ayuntamientos, pero sí las transferencias corrientes a dichas entidades. Con los datos de los que dispongo, estimo que el gasto corriente adicional de autonomías y ayuntamientos alcanzó al menos los 73.000 millones en 2022, lo cual nos da un total de 423.000 millones de gasto corriente.
Como es sabido, el sector público es muy ineficiente por diversos motivos que no podemos analizar ahora. Es poco agresivo pensar que una mejora en la eficiencia del gasto, combinada con políticas enfocadas a aumentar la productividad, no puedan generar al menos unos ahorros del 5%. Estos son otros 21.000 millones.
Estamos ya en 36 millardos de euros de ahorros en el gasto corriente de las AAPP. Con esta cantidad podríamos reducir el déficit público de 2023 en un 65%. O bien podríamos reducir en 2.600 euros de media el IRPF anual de los 13,7 millones de españoles que declaran ingresar menos de 30.000 euros al año. Esto representa 216 euros más al mes de renta disponible para las clases menos pudientes, una diferencia notable.
Dado que el sistema de reparto de las pensiones va a sufrir recortes inevitables en el medio o largo plazo porque su enorme déficit las hace insostenibles, el 50% del ahorro mencionado se podría destinar a migrar a la población joven de menor renta a un plan de pensiones de capitalización. De esta forma podríamos asegurar así la vejez de esta parte de la población, pues es la que tiene una mayor probabilidad de cobrar pensiones muy mermadas.
Alguno dirá que esto no es así, que no habrá recortes porque el déficit de las pensiones se financiará con más impuestos o con más deuda pública. Esto es fácil de rebatir. En cuanto a los impuestos hemos visto que no hay margen para subirlos sin generar un grave descontento que puede terminar por descoser las costuras de la sociedad. Hay que recordar a los chalecos amarillos franceses.
Según la OCDE, desde 2019 los españoles han sufrido la mayor subida impositiva y la mayor caída de la renta real disponible entre las grandes economías del mundo. Queda claro que no se pueden subir más los impuestos.
En cuanto al endeudamiento público, los niveles actuales son alarmantes, pues no estamos lejos del 120% del PIB, 22 puntos porcentuales (p.p.) mayor que el de la media de la UE. Quiero recordar que los criterios de convergencia de la UE señalan que la deuda pública no debe superar el 60%. Este es el nivel que se considera sano desde un punto de vista económico y financiero.
Mucha gente solo mira el ratio Deuda/PIB y esto, aún siendo útil, no es suficiente. Se debe también analizar el ratio Deuda/Ahorro Primario. El ahorro primario o bruto es la diferencia entre los ingresos corrientes (principalmente impuestos) y los gastos corrientes (antes de gastos financieros) de las AAPP. Este ahorro o superávit debe ser positivo, ya que con él hay que atender el pago de los intereses de la deuda, y es deseable que quede un remanente para poder financiar al menos parte de las inversiones.
En los últimos años los presupuestos del estado consolidados (sin incluir las AAPP locales) muestran un ahorro primario negativo, es decir, no se ha generado un excedente ni para pagar los intereses de la deuda. En 2021, 2022 y 2023 las cuentas públicas han arrojado un déficit primario de 30 millardos, 9 millardos y 2,7 millardos respectivamente. Esta es una muy mala noticia. Antes de la llegada de P. Sánchez, el saldo primario anual era positivo en 15 millardos.
La situación va a ir a peor porque según la AIREF, el gasto en sanidad y en cuidados de larga duración aumentará con fuerza de aquí a 2050, concretamente hasta 3,3 p.p. más del PIB al año.
El Banco de España habla de la necesidad de implementar un plan de consolidación fiscal y de un paquete de reformas estructurales ambiciosas para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Propone reducir en promedio anual el déficit estructural primario en 0,5 p.p. del PIB, unos 8.000 millones. En mi opinión, el mínimo necesario es de 1 p.p. por el lado de los gastos y al menos 1,5 p.p. del PIB por el lado de los ingresos, mediante la aplicación de políticas de oferta que amplíen la base de la economía y reduzcan el paro del sector privado.
Con las políticas actuales y los tremendos déficits gemelos (público y de la seguridad social), las cuentas públicas no son sostenibles. La prima de riesgo no está por las nubes gracias al BCE y al apoyo de la UE, pero no se puede seguir así, no se puede vivir de prestado presumiendo de gestión económica.
Por lo tanto, me parece una ingenuidad pensar que el creciente déficit de las pensiones, añadido al de las AAPP, se va a poder financiar con más deuda hasta el fin de los tiempos.
Imaginen Vds lo que sucederá cuando el ciclo económico ralentice los ingresos fiscales y haga aumentar el gasto social como el desempleo y otras partidas vinculadas a los estabilizadores automáticos que tienen como fin mitigar el impacto de las crisis.
En conclusión, es imperativo, y urgente, aplicar reformas ambiciosas por el lado de los gastos e ingresos que tengan por objetivo generar un ahorro bruto o primario suficiente de manera que las cuentas públicas vuelvan a ser sostenibles.
Es posible, como hemos visto, bajar los impuestos para aliviar la carga fiscal de casi 14 millones de trabajadores y también para poder asegurar las pensiones de los trabajadores más jóvenes. Si no se cambia el rumbo de la política actual, estas pensiones serán recortadas significativamente con una alta probabilidad.
Es además vital restaurar el ahorro bruto de manera que las cuentas públicas sean de nuevo sostenibles. Por eso, además de recortar el gasto público superfluo, son también necesarias políticas de oferta que permitan a la economía crecer a su máximo potencial. El objetivo debe ser reducir la deuda pública a menos del 100% del PIB en el medio plazo. La situación es preocupante y reclama medidas ambiciosas urgentemente.
En la tercera parte de este artículo veremos algunas de las figuras impositivas a las que estamos sujetos, y en qué casos hacienda está actuando de forma arbitraria y abusiva.
