Hoy vamos a hablar de los impuestos y de hacienda, esa organización del estado que con frecuencia trata al ciudadano de forma despótica y arbitraria.
En este artículo vamos a tratar de determinar si pagamos mucho o poco y qué impacto tiene en nuestra renta disponible. En la segunda parte veremos si es posible minorar el gasto público para poder reducir la presión fiscal que soporta el ciudadano y también trataremos la arbitrariedad y subjetividad de hacienda al diseñar muchas de las figuras impositivas a las que estamos sujetos. De como aumentar los ingresos mediante políticas de oferta ya hemos hablado en artículos anteriores.
Ya les anticipo que pagamos mucho, demasiado, aunque esto es subjetivo pues hay estatistas extremistas que desearían que casi todo fuera para el estado. Obviamente esta presión fiscal excesiva impacta negativamente la renta de las clases medias y compromete su futuro ya que imposibilita el ahorro y dificulta el crecimiento de la economía.
Me llama la atención cómo la sociedad ha aceptado sin rechistar a lo largo de los últimos cuarenta años el crecimiento exponencial del poder del estado y de la presión fiscal. El argumento utilizado ha sido de lo más peregrino, pues básicamente nos han dicho que vaciarnos la cartera es por nuestro bien, ya que ellos, los políticos, saben mucho mejor que nosotros en que se debe gastar nuestro dinero. Parece que nos toman por tontos y por lo tanto nos deben tutelar, especialmente nuestro dinero. ¿No les parece sospechoso?
Añaden que es para pagar el estado del bienestar, aunque a pocos se les ocurre preguntarse si dicho estado no debería tener límites o si ha ido demasiado lejos, y cuál es el coste real de los servicios públicos que recibimos. Si se hiciera una auditoría independiente y profesional del gasto de las administraciones públicas, veríamos que es posible mantener los servicios, sin merma de calidad y a un coste inferior. Se puede por lo tanto pagar menos impuestos en vez de más.
Vamos ahora a entrar en materia, vamos a estimar cuál es la presión fiscal que soporta el ciudadano medio, por ejemplo uno que ingrese 30.000 euros brutos. Si descontamos el IRPF y la SS que paga directamente el trabajador, la renta disponible se reduce en un 27% hasta 23.400 euros. Sin embargo, a esto hay que descontarle la imposición indirecta, así como todos los demás impuestos, que soporta un ciudadano que tiene un piso en propiedad y un modesto vehículo. En este caso la presión fiscal sube al 40%, es decir unos 12.000 euros de impuestos. Dada la carestía de la vida actual, esto me parece excesivo para un sueldo medio como este.
La cuña fiscal, es decir el IRPF más las cotizaciones sociales soportadas por el trabajador y por el empleador, alcanzan la friolera del 44% del coste laboral. Si a esto le añadimos el IVA y los demás impuestos soportados, entonces la presión fiscal total respecto del coste laboral sube a un confiscatorio 53%.
Veamos ahora cómo sale la foto con un sueldo de 60.000 euros. El IRPF más la SS a cargo del trabajador representan el 35% del sueldo bruto. Añadiendo el IVA y los demás impuestos, la presión fiscal alcanza el 43%. En cuanto a la cuña fiscal vemos que roza el 50%. Por último, la presión fiscal total sobre el coste laboral sube hasta el 55%.
Me sorprende que a la vista de estas cifras haya políticos que nos digan que pagamos pocos impuestos y que aún tienen que subir más. Gravar abusivamente a los que producen, madrugan y se esfuerzan es injusto, empobrecedor y muy poco democrático.
Me parece que una Constitución que no pone límites al poder político en cuanto a su capacidad de gravar a los ciudadanos, gastar y endeudarse, es una ley fundamental incompleta y que nos deja desamparados ante la voracidad y avaricia de los políticos.
Viendo estos números podemos además sacar otras conclusiones. La primera es que la imposición indirecta que padecemos es regresiva ya que las clases bajas y medias la sufren mucho más que las altas y muy altas. Si tomamos en cuenta exclusivamente el IRPF y la SS que paga el trabajador, vemos que la presión fiscal soportada por un sueldo de 60 ke excede en 9 puntos porcentuales a la del sueldo de 30 ke. Sin embargo, si tenemos en cuenta el IVA y otros impuestos indirectos, la diferencia se reduce a solo 3 puntos porcentuales.
Esto se explica porque los sueldos bajos y medios se ven obligados a consumir aproximadamente la totalidad de su renta disponible y por lo tanto esa renta está en su mayor parte gravada por la imposición indirecta. En cambio, los sueldos medio-altos y altos pueden ahorrar una parte. Dicho de otra manera, como no consumen toda su renta disponible, soportan proporcionalmente menos imposición indirecta. Las rentas bajas y medias deberían soportar una imposición indirecta reducida con un tipo máximo del 10 o 12%.
La segunda conclusión es que a pesar de la enorme carga que suponen las cotizaciones en relación al coste laboral, la Seguridad Social tiene un enorme y creciente déficit. Hasta la fecha esto se está subsanando con más deuda pública, pero este parche no se podrá aplicar indefinidamente.
¿A qué es debido esto? Por un lado, al invierno demográfico. Cada vez hay más pensionistas y más longevos mientras que cada vez hay menos hijos y cotizantes. Es urgente aplicar una política de natalidad y de la familia global muy potente cuyo objetivo debe ser duplicar la natalidad.
La otra causa es el desempleo. Padecemos un paro de más del 11%, esto es vergonzoso y propio de países del tercer mundo. El desempleo juvenil roza el 30%. Este enorme desempleo implica menos ingresos fiscales y por cotizaciones y más gasto en subsidios. Es urgente reducir este guarismo a la mitad. Para esto, las fracasadas políticas intervencionistas, estatistas y antimercado que se aplican desde 2010 deben abandonarse sin demora.
Hay que ensanchar la base de la economía, mediante políticas de oferta, y no el sector público, generador de múltiples efectos nocivos como son; la deuda, el déficit, un menor crecimiento, una menor renta disponible, una mayor desempleo y más desigualdad (el principal vector de desigualdad y pobreza es el paro).
En conclusión, desde mi modesto punto de vista, la presión fiscal que soportamos es excesiva y empobrecedora, tanto en el corto como en el largo plazo, pues impide ahorrar a millones de personas, comprometiendo por lo tanto el bienestar de su vejez. No nos olvidemos que las pensiones no son viables tal como están diseñadas y que serán sin duda recortadas, de una forma o de otra.
Otra hacienda es posible, menos voraz e injusta. Es necesario que el estado afloje la presión en pro del bienestar del contribuyente y de sus familias, no solo para mejorar su renta disponible sino también para que puedan ahorrar. Sin ahorro no hay futuro. El bienestar se basa en el trabajo, la inversión productiva y el ahorro. Son necesarios unos servicios públicos esenciales eficaces pero también eficientes. El despilfarro en lo inútil debe ser cortado de raíz.
Hay que abrir el debate del exceso de voracidad fiscal del estado y hay que debatir cuál es el límite que la presión fiscal no debe superar. Lo mismo debe hacerse en relación con el gasto, la deuda y el déficit público.
Estos límites se deberían incorporar a la Constitución o en su defecto mediante una ley orgánica. Mientras esto no se haga seremos siempre rehenes de los políticos, más súbditos que ciudadanos, y cada vez más pobres y menos libres.
En los últimos quince años Hacienda se ha convertido en el patio de Monipodio, una especie de Mátrix que nos saquea mientras pretende hacernos creer que esto es inevitable para seguir teniendo una democracia. Yo escogí hace tiempo la pastilla roja, ¿alguien más se apunta?
