El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) se ha pronunciado ante la demanda presentada por UGT en 2022 por el “bajo coste” del despido en España y ha establecido que la regulación actual no protege suficientemente a los trabajadores.
Así lo pudo saber Servimedia por fuentes conocedoras del pronunciamiento, después de que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, confirmara este mismo domingo en su blog personal que el CEDS “se ha pronunciado ya”.
El Gobierno tiene ahora de plazo hasta verano para hacer público el fallo de este Comité Europeo y desde el sindicato apuntaron que van a guardar su deber de “sigilo”, pero fuentes conocedoras del pronunciamiento explicaron que , como ya sucediera en casos anteriores como el de Italia y el de Francia, la legislación española en materia de despido tampoco es lo suficientemente reparadora ni disuasoria.
“Nosotros no lo podemos desvelar, pero pedimos al Ejecutivo que no impida que la ciudadanía española conozca ya el resultado de la petición de UGT. Cuanto antes se sepa lo que ha dicho el Comité mejor para todos. De lo que no hay ninguna duda es del carácter vinculante de esa decisión”, apremió Álvarez.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se comprometió antes del final de la pasada legislatura a modificar en el nuevo mandato la regulación del despido para que se tengan en cuenta los efectos que produce la extinción de un contrato por causas improcedentes en la persona despedida, ya que por ejemplo no es lo mismo si tiene hijos a cargo o no, o si tiene más o menos edad.
Así las cosas, el programa de Gobierno entre el PSOE y Sumar recogió el compromiso de modificar el despido, aunque desde el Ejecutivo preferían aguardar al pronunciamiento del Comité ante la demanda presentada por UGT, a la que posteriormente se sumó CCOO.
Palos en las ruedas
El propio secretario general de UGT recordó este domingo la crítica de su sindicato desde el pasado enero a los “palos en las ruedas” que desde el Ministerio de Justicia se habrían puesto para intentar demorar el pronunciamiento del Comité de Derechos Sociales.
No en vano, la pasada semana UGT exigió el “cese inmediato” del agente de España ante el CEDS, debido a la “interferencia” en reclamaciones colectivas, al tiempo que destacó la necesidad de “preservar la independencia” de dicho organismo.
La petición de dimisión llegó antes del pronunciamiento, pero justo después de que el CESD emitiera un informe sobre España correspondiente al año 2023, en el que a partir de un caso particular, señala que la indemnización legal tasada prevista para el despido improcedente es contraria a la Carta Social Europea revisada.
Por ello, todo hacía indicar que el pronunciamiento sobre la demanda colectiva de UGT sería favorable a los postulados del sindicato, a falta de que trascienda el contenido íntegro del fallo.
