Dentro de no muchos años celebraremos los 400 de la publicación del libro en el que, replicando en su título el nombre del bíblico monstruo “Leviatán”, Thomas Hobbes exponía su pensamiento político. En un mundo incierto, competitivo y egoísta, la única garantía de paz que según Hobbes los ciudadanos podrían tener es la que les proporcionaría un estado fuerte. De una forma cruel pero efectiva, todos los ciudadanos estarían así sometidos al poder absoluto del Monarca, que sería el encargado de garantizar la paz social como primer requisito para la vida en comunidad, o casi mejor decir, para poder seguir con vida en una comunidad.
Lo de someterse a un poder absoluto no terminó de digerirse bien, y tras 1776 y 1789 se dio carpetazo al Absolutismo y al Antiguo Régimen, se puso límite a lo que el Leviatán puede y no puede hacer, y se establecieron los Derechos Humanos en la forma que, con algunos ajustes, los conocemos ahora. En España no nos quedamos atrás, y ya desde la Pepa en 1812 tenemos Constituciones que regulan al Leviatán del Estado y los Derechos individuales que ese Estado no puede obliterar.
Los múltiples desastres del siglo XX en el que el Leviatán volvió por sus fueros como una Hidra de mil cabezas, aniquilando todo lo que hay de humano en la humanidad -trágicamente de la mano de ideologías presuntamente igualitarias-, nos han curado de espanto y enseñado la lección básica de estos 400 años: El Gobierno de un Estado, sin controles estrictos, no es de fiar.
Es en este contexto en el que resulta abrumador que el Gobierno transgreda presuntamente el Artículo 18 de nuestra Constitución (se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen) faltando al secreto de comunicaciones oficiales en el proceso contra González Amador, pareja sentimental de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. La motivación de esa presunta transgresión podría ser un agravante si se confirmase que la difusión pública de detalles de ese proceso, hubiera sido instrumental y motivada por una persecución contra un adversario político.
El independentismo catalán ha introducido recientemente la narrativa del “lawfare”, asumida por el Gobierno y el Congreso como una de las justificaciones de fondo de la Ley de Amnistía. La admisión de “lawfare”, implícita en la aprobación de la Ley, es particularmente preocupante porque acepta que el Estado se ha aprovechado de su potencia institucional para cometer abusos contra sus ciudadanos, lo que no nos puede dejar indiferentes si efectivamente esos abusos fueran ciertos.
Si el desequilibrio entre un ciudadano y su gobierno era abismal hace 400 años y ha requerido de sangrientas guerras y revoluciones para embridar las Instituciones del Estado, en la actualidad y con toda la potencia que otorgan herramientas tales como la inteligencia artificial, la vigilancia de las telecomunicaciones, los centros de inteligencia policial y militar, la vigilancia de activos bancarios o el seguimiento informático personalizado de la situación fiscal de cada contribuyente, ese desequilibrio se multiplica en varios órdenes de magnitud.
Si el Gobierno del Estado ya no era de fiar para los revolucionarios que asaltaron la Bastilla, con muchos mas motivos no lo sería ahora, cuando en España una Ley admite que los poderes del Estado desprecian sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos, o hay ruedas de prensa que parecen consagrar el uso de secretos oficiales para alimentar persecuciones políticas. No podemos permitirnos ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos constitucionales y no descansar hasta asegurarnos que cualquier atisbo de Leviatán es aniquilado. Nos va nuestra Libertad en ello.
