El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha lanzado una propuesta fiscal, que ha levantado la polémica llegando a recibir críticas por parte de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Concretamente, el líder de los empresarios apostó porque los trabajadores recibieran en su cuenta bancaria el salario bruto real para, después, pagar ellos las cotizaciones sociales pertinentes. De esta manera, los empleados serían conscientes de lo que realmente las empresas pagan por ellos y los impuestos que el Estado les sustrae. Un modelo más parecido al de los autónomos.
¿Qué es el coste laboral real y el salario bruto real?
En España es necesario diferenciar tres conceptos fundamentales en materia salarial: coste laboral real, salario bruto y salario neto. El primero de ellos es el dinero que la empresa paga por cada trabajador, incluidas las cotizaciones sociales. El segundo concepto, el salario bruto, es el dinero que el trabajador ve en su nómina antes del pago de impuestos y, finalmente, el sueldo neto es el dinero que el empleado recibe una vez pagados todos los conceptos tributarios.
Para ver un ejemplo, un empleado que cobre un sueldo neto de 1.656 euros al mes en 12 pagas, supone para el empresario un coste mensual de 2.753 euros. Los 2.753 euros es el dinero que la empresa paga por su trabajador. De esa cantidad, la compañía pagaría a la Seguridad Social 670 euros en concepto de contingencias comunes. Una vez descontados esos 670 euros, el trabajador recibe 2.083 euros de sueldo bruto, de los cuales paga 427 euros como cotizaciones sociales.
Con la propuesta de Garamendi, el trabajador recibiría en su cuenta bancaria los 2.753 euros y, posteriormente, la Seguridad Social le retiraría 1.097 euros como cotizaciones sociales. De esta manera, según el presidente de la CEOE, “se vería realmente cuánto es el coste real de los salarios en España, que puede ser casi el doble de lo que realmente a alguien le llega al bolsillo”, aseguró.
Por su parte, Yolanda Díaz, calificó la propuesta de “imprudente”. “Es imprudente que un líder empresarial tan importante se deje secuestrar por discursos más propios de Milei o de Trump, pero debe saber que este gobierno camina en la dirección contraria”, aseguró la ministra.
El coste laboral real en España
Ahora bien, la siguiente pregunta que cabe analizar es cómo son las cotizaciones sociales en España y si esta medida tendría sentido.
La cuña fiscal en España, el dinero que separa lo que el empresario paga y el trabajador recibe, es del 39,1% en 2021, según la OCDE. España tuvo la 16ª cuña fiscal más alta entre los 38 países miembros de la Organización y en 2020 ocupó la misma posición. Concretamente, la media de la OCDE es del 34,6%, 4,5 puntos menos que el dato español.
Ahora bien, aunque la cuña fiscal española no es la más alta de la OCDE, aunque supera por mucho la media de la región, es uno de los países donde los empresarios soportan un mayor coste laboral. O dicho de otra manera, en España las empresas asumen el 29,9% del salario bruto del trabajador en cotizaciones sociales, lo que implica 8 puntos más que la media del resto de países europeos, que es del 21,9%. Es decir, del total de las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social, el 29,9% son abonadas por el empresario. Por su parte, la media de la OCDE es del 16,3%. Unos datos que muestran que España está muy por encima de la media.
España, el país que más ha aumentado las cotizaciones sociales
En 2019, Antonio Garamendi ya denunció que “los empresarios españoles pagan más por cotizaciones sociales que la media en la Unión Europea y en la Eurozona, tanto en porcentaje del PIB como en porcentaje de la recaudación impositiva.
Los datos muestran que, en el año 2011, las cotizaciones sociales representaban el 11,8% del PIB. Mientras que, en 2021, diez años después, ya suponían el 13,6%. Un aumento de 1,8 puntos, frente al 1,2 de Alemania o del 0,7 de Italia.
Lo cierto es que estos datos podrían seguir aumentando la presión fiscal soportada por las empresas. En 2023, los costes laborales han experimentado un aumento del 5,3%, el más alto registrado en los últimos 15 meses, según revela el último indicador de las pymes de Cepyme. Este incremento marca el décimo trimestre consecutivo con aumentos interanuales superiores al 5%. Desde el cuarto trimestre de 2021, los costos sociales han aumentado más del 11% para las empresas más pequeñas y un 10% para las medianas.
La propuesta lanzada por Antonio Garamendi no es algo nuevo, economistas liberales como Daniel Lacalle o Juan Ramón Rallo, ya han abogado por esta fórmula en más de una ocasión. Los argumentos a favor pasan por hacer conscientes a los trabajadores del volumen de impuestos que soportan, en lugar de camuflarlos y cargar gran parte de las cotizaciones sobre el empresario.
