Naturgy es la décima empresa más grande de España con una capitalización bursátil superior a los 23.000 millones de dólares. Esta semana, la compañía ha protagonizado decenas de titulares debido a la OPA lanzada por la sociedad inversora Taqa, de origen árabe. De hecho, tal y como informó la propia CNMV, existe la posibilidad de que Taqa se haga con el 100% de las acciones de la energética. Sin embargo, el Gobierno puede tener un papel determinante. Por eso, es necesario analizar todas las claves de esta posible operación y su repercusión.
El Gobierno y la seguridad nacional
El Gobierno considera solicitar a Taqa que transfiera hasta un 10% de las acciones de Naturgy como parte de los términos para aprobar su oferta pública de adquisición (OPA) sobre la empresa española, según El Economista. Se está evaluando la posibilidad de usar la seguridad nacional como argumento para facilitar la entrada del Estado en el accionariado de Naturgy y así asegurar su carácter español, especialmente si Taqa adquiere más del 50% de las acciones. La empresa emiratí podría llegar a poseer hasta el 54% de Naturgy si su OPA tiene éxito, considerando la participación de otros accionistas como los fondos CVC y GIP, así como el interés de IFM y Sonatrach.
El Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por Pedro Sánchez, está preocupado por la creciente influencia de Rusia y China en Emiratos Árabes, así como por el interés de empresas extranjeras en adquirir compañías estratégicas españolas como Naturgy.
El gobierno está considerando la posibilidad de una exclusión de bolsa para evitar problemas de liquidez en caso de una operación exitosa, pero enfrenta dificultades debido a los precios de entrada al capital y la resistencia de algunos sectores políticos, como Sumar, que exigen una mayor intervención estatal en empresas clave. Aunque se espera que el gobierno apruebe la operación si Taqa lanza una oferta, aún no se ha tomado una decisión sobre la entrada del Estado en el capital de Naturgy, según declaraciones de Teresa Ribera y Carlos Cuerpo.
Por su parte, Taqa busca alcanzar un acuerdo previo con los dos fondos que poseen el 41,3% de Naturgy, la empresa energética española. Estos fondos son GIP, propiedad de BlackRock, con una participación del 20,6%, y Rioja, con el 20,7%, mayoritariamente controlado por CVC y en el que también participa el grupo financiero Alba, vinculado a la familia March. La discusión incluye el precio de la oferta pública de adquisición (OPA) que estos fondos estarían dispuestos a aceptar, el cual podría oscilar entre los 26 y 27 euros por acción, mientras que el precio actual en el mercado es de 22,9 euros.
Lo cierto es que en estos momentos todo está en el aire y dependerá de las negociaciones que se mantengan. Por ejemplo, los analistas de Santander y de Bankinter aseguran que la opa total no es su escenario central y solo le dan un 40% de probabilidades de que salga adelante. En caso de darse, no prevén que la acción suba más de dos o tres euros.
Por su parte, el analista Javier Molina de eToro asegura que: “La importancia estratégica de Naturgy en el panorama energético español se complica aún más por el hecho de que cada movimiento importante de la empresa está sujeto a un intenso escrutinio gubernamental. Si bien esta supervisión gubernamental puede ser necesaria para proteger los intereses nacionales, también crea un entorno incierto para los inversores, quienes deben sopesar cuidadosamente los riesgos y beneficios involucrados”.
El Gobierno y el escudo ‘anti-OPAs’
En el año 2020, con las fuertes caídas bursátiles a consecuencia de la pandemia, el Gobierno de España aprobó una normativa ‘anti-OPAs’ con la bendición de la Comisión Europea. El argumento fue proteger a las empresas españolas de la entrada masiva de capital extranjero. De acuerdo con el reglamento, cualquier adquisición de al menos el 10% de las acciones en empresas relacionadas con sectores como la energía, el transporte, el agua, la sanidad, las telecomunicaciones, los medios de comunicación, el sistema financiero y otros sectores estratégicos debe pasar por un proceso de autorización previa. En el caso de empresas vinculadas a la Defensa, el umbral a partir del cual se puede detener la operación se ha reducido al 5%.
De hecho, durante 2023 este escudo ya bloqueó una operación de compra del 10% de las acciones de Telefónica por parte de la saudí STC. Finalmente, se hizo con un 4,9% de las acciones de forma directa y renunció a llegar hasta el 9,9% por las desavenencias con el Gobierno y la regulación. Por tanto, esto puede sentar un precedente sobre el futuro de Naturgy.
