La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, ha decidido imputar al expresidente interino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, en el ‘caso Brody’ después de haberle citado, este viernes, para declarar como testigo.
Rocha compareció este viernes en calidad de testigo y, por tanto, con obligación de decir la verdad, ante la instructora del caso. Su declaración ha durado menos de media hora porque el presidente de la RFEF no ha podido explicar de manera convincente los detalles de los contratos sobre la Supercopa por los que se le ha preguntado.
Por ese motivo, su declaración ha sido suspendida y la juez ha acordado imputarle por lo que le volverá a citar a declarar y esta vez podrá acudir acompañado de abogado. Su salida de los juzgados ha sido atropellada. Rodeado de cámaras no ha querido confirmar que ya es imputado, aunque aseguró no estar “preocupado”.
Según fuentes presentes en la declaración, el presidente provisional de la Federación no ha sabido explicar los detalles del contrato de la Supercopa con Arabia Saudí, ni tampoco la participación en ese negocio de la empresa de Gerard Piqué.
Rocha aseguró a los periodistas que salía “exactamente igual” que entró en los juzgados y aseguro que tiene “la conciencia muy tranquila” y llegó a deslizar que él no participó en las gestiones del contrato con Arabia Saudí, sin ofrecer más detalles.
Rocha llegó a la sede judicial poco antes de las 10.30 y dijo estar “muy tranquilo” y con voluntad de “colaborar con la justicia”. Tuvo que esperar más de una hora en dependencias judiciales porque no había sala libre para realizar la declaración
El que fuera presidente interino de la federación fue vicepresidente de la entidad bajo la Presidencia de Luis Rubiales. Fue nombrado su sucesor provisional, pero renunció posteriormente para presentarse a las elecciones.
Su declaración se enmarca en la ‘operación Brody” dentro de la que se realizaron registros en la sede de la RFEF y en domicilios en relación a la investigación sobre las adjudicaciones realizadas a la empresa Gruconsa para la rehabilitación del estadio sevillano de La Cartuja.
La juez investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales cometidos entre 2018 y 2023 bajo presidencia de Rubiales. El pasado mes de marzo, la instructora dejó en libertad al que fue asesor jurídico externo en la Federación, Tomás González Cueto, y a Ángel González Segura, relacionado con las obras en el estadio La Cartuja de Sevilla que están bajo sospecha.
