No es la primera vez que critico la irresponsable compra de votos mediante lo que llamo “gasto público clientelar”. Esto además de pervertir la democracia impacta gravemente la sostenibilidad de las cuentas públicas y por lo tanto del estado del bienestar.
Dicho gasto clientelar significa que los españoles tenemos que endeudarnos durante años para aumentar la probabilidad de que un determinado partido gane unas elecciones. Es un negocio ruinoso para el contribuyente y para el pueblo español.
Hoy leemos en la prensa que el presidente del gobierno anunció el sábado, en un mitin en Vigo, que el consejo de ministros aprobará una línea de avales de 2.000 millones de euros para que jóvenes y familias puedan dar la entrada necesaria para la compra de una vivienda.
Resulta que esta medida ya la utilizó en otra precampaña en mayo de 2023, en Santa Cruz de Tenerife. No es una nueva medida, sino una ya existente que saca de nuevo a la palestra. Es la misma medida, vieja y costosísima, que revive cada vez que hay elecciones. Es vergonzoso como trata de comprar decenas de miles de votos con medidas ineficaces que sólo salen a relucir cuando hay que votar.
Si desea realmente que los jóvenes se puedan emancipar comprando una vivienda, debería cambiar radicalmente sus políticas intervencionistas dirigidas contra el mercado, ya que contraen la oferta y encarecen el precio. Serían también bienvenidos un IVA y un ITP reducidos para los jóvenes y otros colectivos desfavorecidos.
El acceso a la vivienda no solo depende de que sea accesible en términos de precio y cantidad para la mayoría; sino especialmente de la renta disponible y del acceso al trabajo. Las fracasadas políticas económicas y fiscales del gobierno actual, y de todos los que le han precedido desde R. Zapatero, han generado un paro juvenil del 30%. Este es el peor dato de la OCDE.
Lógicamente estas políticas deberían ser revertidas. Sin embargo, P. Sánchez prefiere seguir manteniendo a los jóvenes en el paro, la pobreza y la desigualdad contra la que predica. Hay que recordar que el 20% de los hogares son pobres o están en riesgo de pobreza.
No obstante, cuando hay elecciones, promete a diestro y siniestro todo tipo de dádivas con el objeto de conseguir los votos de aquellos a los que empobrece. El presidente y los suyos tienen que seguir en la poltrona a toda costa.
Tampoco dudan en contratar a dedo a miles de personas para puestos inexistentes e innecesarios. Es el caso de X. Puig cuando gobernaba Valencia. Entre otras tentativas para comprar votos, contrató a dedo a 5.000 personas antes de las elecciones. Esta vez no consiguió su objetivo, pero eso sí; ¡solo con esta medida clientelar ha dejado un agujero al contribuyente Valenciano de 240 millones al año!.
Esos 5.000 puestos ficticios y tóxicos deben ser amortizados, ¿pero quién se va a atrever?.
Volviendo al presidente del gobierno y su reciente anuncio electoral; la naturaleza de la medida es criticable porque es engañosa. Un aval es una garantía mediante la cual alguien, en este caso el estado, se obliga a hacer, en caso de incumplimiento, aquello a lo que un tercero se ha comprometido.
Suele tratarse de obligaciones a futuro. Es en el futuro donde existe el riesgo, donde podrá el avalado cumplir o no su obligación. Por principio se avala a quien tiene suficientes probabilidades de cumplir, no se avala a quien no tiene ninguna o muy pocas, porque entonces casi todos los avales serán ejecutados.
Aquellos que, con el aval del ICO, tomen una hipoteca por el 100% del coste total de la compra de una vivienda, tendrán dificultades serias para poder hacer frente a la cuota del préstamo. En la mayoría de los casos la cuota alcanzará o superará el 50% de los ingresos netos del prestatario. Estas personas no podrán llegar a final de mes y, antes o después, dejarán de pagar la hipoteca.
Los avales serán ejecutados en su mayoría y el estado perderá la casi totalidad de las cantidades avaladas. Probablemente, los compradores endeudados que hayan dejado de pagar los préstamos se negaran a dejar las viviendas, con el sonoro apoyo del gobierno. Los bancos perderán el 80% de los préstamos concedidos en la mayor parte de los casos.
En resumen, un negocio ruinoso salvo por los votos que puede aportar al político de turno. Así empezó la crisis de las hipotecas basura en EEUU.
Un aval que tiene una muy alta probabilidad de ejecutarse en el momento de la concesión no es un aval, es un regalo, una dádiva, ya que las cantidades que el ICO tendrá que pagar no se van a cobrar jamás. Es dinero a fondo perdido, disfrazado de aval, para la compra de varias decenas de miles de votos.
Estas prácticas clientelares y populistas debilitan el estado del bienestar. Este es el camino seguido por el Peronismo en Argentina. Los resultados son de sobra conocidos. El político honrado y capaz, con altura de miras, no debe ofrecer dádivas ni subsidios injustificados. El deseo de ganar unas elecciones no es una justificación.
Lo que debe hacer es establecer un marco legal y fiscal estable que desate el potencial de crecimiento de la economía, que reduzca la fiscalidad de la vivienda para rentas bajas y medias y que elimine el exceso de regulaciones que estrangulan la oferta de vivienda y que son la causa principal del alza imparable de los precios.
Es así como la mayoría de los ciudadanos podrán encontrar trabajo y generar los recursos necesarios para poder acceder a una vivienda sin depender de ayudas estatales, vivienda que será más barata y abundante debido a la mayor oferta y la menor fiscalidad.
De hacerse así, serán pocos los que necesiten ayuda financiera y el coste de ayudarles será modesto y fácilmente soportable por la sociedad.
Las políticas clientelares son inmorales y ruinosas para la sociedad. El votante inteligente que desea una sociedad próspera y democrática debería huir de cualquier político que pretenda comprar su voto con dádivas.
